Crisis de urbanización no sostenible en la corona de ciudades, pueblos y municipios que rodean a la Ciudad de México

Las grandes ciudades de México sufren hoy una crisis inédita y creciente de sustentablidad ambiental, económica, social y política ocasionada por una acumulación incontrolada de procesos de destrucción de recursos naturales, de crecimiento de población, de desempleo y marginación, de virulentas rupturas en los tejidos comunitarios y las normas de convivencia y del uso del suelo, así como por la acumulación desbocada y la sinergia de problemas ambientales y de salud altamente riesgosos e imprevisibles. La destrucción de los tejidos comunitarios se desarrolla, sobre todo, como un resultado combinado de los acelerados y dolosos procesos de descampesinización, del desplazamiento masivo de inversiones de capital y especulación hacia la compra de terrenos y desarrollos inmobiliarios, de la construcción privada de numerosas unidades habitacionales y por la privatización creciente de diversos servicios urbanos públicos como los de agua, basura, etcétera. Este proceso, a lo largo del sexenio pasado (2000-2006), propició en todas las grandes ciudades del país la creación y ampliación de nuevas megavialidades, libramientos y distribuidores, el desbordamiento incontrolado del parque vehicular; el emplazamiento de miles de nuevas estaciones de servicio de gasolina y gas, la ampliación e internacionalización de los aeropuertos, el crecimiento desbocado de un millón y medio de “efímeras” casas muy pequeñas para unidades habitacionales de “interés social”, la construcción de miles de nuevos centros comerciales sobre todo de firmas transnacionales, (sea a la manera de grandes malls o como cadenas de tiendas de conveniencia, restaurantes, papelerías, etc.), el emplazamiento de corredores de nuevos hoteles y otro tipo de instalaciones turísticas, balnearios, parques de diversiones “temáticos”, casinos, centros de apuestas deportivas, clubes de golf, el emplazamiento y la ampliación de numerosas universidades privadas, la deforestación de las últimas reservas de bosques cercanas a las áreas urbanas, el levantamiento de numerosas zonas de veda de agua y la consiguiente  perforación de miles de nuevos pozos que hoy sobreexplotan el subsuelo, el surgimiento descontrolado de tiraderos de basura a cielo abierto, así como la creación de gigantescos rellenos sanitarios o la promoción de problemáticos incineradores de basura, la instalación de miles de antenas de transmisión de telefonía celular y la consabida invasión agresiva de anuncios espectaculares. En el centro del país, el resultado de ello es el crecimiento fuera de control de la gran mancha urbana de la llamada megalópolis del centro de México, que, como siempre, se expande a costa de cada vez más tierras campesinas e indígenas, así como de las condiciones naturales de vida de los pueblos Nahuas, Ñañus, Mazahuas, etc., que colindan con las megaurbes de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Guanajuato o Jalisco. Regiones que se ven obligadas a entregar sus reservas de agua superficial y profunda, sus tierras agrícolas fértiles, sus bosques, sus humedales, su biodiversidad y sus conocimientos tradicionales, mientras se ven obligadas a recibir todos los detritus putrefactos de las ciudades modernas, sea por medio del agua, el aire, la tierra y la basura que arroja el metabolismo del gran sistema central de ciudades industriales de México. Al mismo tiempo que este patrón de descampesinización y urbanización salvajes se encarga de destruir las últimas zonas de recarga de acuíferos, los últimos ríos y manantiales y los últimos sistemas rurales de purificación de aguas y aires que sobreviven en la región. Para mejor captar los problemas que subyacen a estos fenómenos catastróficos hay que tener en cuenta las dinámicas económicas profundas que más han estado afectando la vida del país.   Estrés económico   Aunque los actuales beneficiarios de estos procesos de crecimiento urbano son muy pocos grupos de empresarios y políticos del más alto nivel, el resultado de estas dinámicas de urbanización no parece responder a ningún proyecto planificado, racional y calculado, sino a un incontrolado y caótico proceso de acumulación y de urbanización, cuyas causas motoras son:    

1. El fracaso y agotamiento del proyecto industrial maquilador de los años noventa, así como el avance de algunos pocos centros industriales globalizados y altamente automatizados (sectores automotriz, electroinformático, vidrio, cemento, etc.), que no han sido afectados por las dinámicas nacionales de desempleo. Como resultado de ello ha prosperado una alta concentración de inversión privada en el comercio suntuario y los servicios, pero sobre todo los procesos de especulación financiera e inmobiliaria. 

2. La descampesinización agresiva y masiva que se ha agravado severamente con la criminalización del cada vez mayor flujo de emigrantes hacia las ciudades del interior del país y hacia Estados Unidos. Lo que, de manera perversa, ha convertido la pérdida de soberanía alimentaria y laboral en una de las principales fuentes de ingresos de los exportadores estadounidenses de alimentos, los comerciantes de llamadas telefónicas, los programas de televisión y los intermediadores de remesas. Lo que eleva, densifica y complica, como nunca antes, el flujo migratorio de mexicanos, al que se suma el flujo transmigratorio de centroamericanos. 

3. Flujo de inmigrantes hacia el norte que a su vez necesita someterse a los caprichos de la demanda de mano de obra de la economía norteamericana, la cual aunque requiere de decenas de millones de trabajadores que sustituyan a la envejecida población trabajadora nativa, sin embargo debe cerrar coyunturalmente sus fronteras durante los periodos de recesión económica como le actual. Lo que implica una exacerbación de la militarización de la frontera, la criminalización extrema de los últimos inmigrantes y la aplicación estadounidense de programas de redadas y repatriación de inmigrantes. 

4. Entre tanto, las ciudades de México que reciben los flujos de emigrantes rurales (agravados por el colapso de la migración hacia la frontera norte) son aquéllas en las cuales ocurre desde hace varios años la destrucción de gran parte de las cadenas industriales, con excepción de las industrias altamente tecnificadas que generan cada vez menos empleos, o bien las nuevas ramas de la economía artificialmente infladas por la construcción de vivienda, las redes de comunicación, transporte, energía, agua, etcétera. 

5. Junto con las remesas de la emigración, la economía informal en las ciudades y la economía criminal del país se han convertido en las principales válvulas de escape de una economía nacional carente de una verdadera base productiva soberana y generadora de empleo. 

6. La caótica urbanización imperante también se alimenta de la actual privatización generalizada de los servicios públicos urbanos (como los organismos operadores de agua, los basureros, la seguridad pública, la construcción de vivienda popular, etc.) y de los recursos naturales estratégicos como el petróleo, el gas, la electricidad, los minerales y la biodiversidad. Así como de la privatización de otros importantes recursos naturales rurales que tradicionalmente han sido bienes comunes (aguas de ríos y acuíferos, bosques, aire, biodiversidad, saberes tradicionales). La privatización de los servicios ambientales ligados a la reproducción de la tierra y el agua del campo hoy se complementa con la privatización de los servicios de distribución urbana del agua y la energía, de construcción de la vivienda, de recolección y procesamiento de la basura, de impartición de la educación y la salud, de acopio y distribución de alimentos en los mercados, etcétera.   

México, como nunca antes, se ha sumergido en un proceso de acumulación salvaje de capital que hoy, de modo exacerbado, echa mano de una sui generis acumulación originaria o despojo creciente de tierras, aguas, bosques y otros recursos campesinos. Conjunto de destrucciones al que no le corresponde un desarrollo industrial de la nación, sino el proceso de exportación de migrantes más grande del mundo, al cual se ha sumado la saturación de la recepción de inmigrantes en Estados Unidos, así como una severa contracción de la industria maquiladora en México. En la mediada en que esta pseudo industria se contrajo, los numerosos capitales – en búsqueda de ganancias fáciles – se refugian cada vez más en negocios de especulación urbana, como la compra y especulación de terrenos para la construcción de unidades habitacionales e inmobiliarias, la compra privada de la deuda popular de vivienda del Fovissste e Infonavit, la apertura de megacentros comerciales, gasolineras, etcétera; de la misma manera en que otros capitales se consolidaron como grandes usufructuarios del envío de remesas, de venta de electrodomésticos, de venta de llamadas telefónicas en el flujo más grande a nivel mundial, de venta en los países del hemisferio norte (sobre todo E.U.) de programas de televisión mexicana, de cerveza y alimentos tradicionales mexicanos, etc. Mientras otras partes del capital sencillamente se refugian al interior de la economía informal y/o criminal.   Resultados catastróficos actuales   La concentración de la riqueza en las grandes ciudades globales de México responde cada vez más a la integración electroinformática e intermodal de los campos, las industrias y los servicios, a la adicción consumista a las mercancías procedentes del norte, al uso indiscriminado de insumos químicos y transgénicos en la agricultura, la ganadería, la silvicultura o la acuacultura. Pero también responde a la privatización de los recursos naturales y los servicios públicos. Estas formas de acumular redundan en una exclusión cada vez más amplia del derecho de los ciudadanos al espacio en que viven, así como en una expropiación de los bienes y servicios vitales; pero también en una violación sistemática del derecho al lugar en que se trabaja, sea mediante la imposición de planes rurales de ordenamiento territorial, mediante la manipulación autoritaria de los usos de suelo urbano y la precarización de las condiciones de trabajo. Lo que a su vez ha disparado no sólo una oleada de reformas constitucionales y leyes especiales, sino también un tsunami de corrupción de numerosas instancias ejecutivas, legislativas y judiciales, en los tres niveles de gobierno. Ello resulta en una implacable segregación generacional que pone a decenas de miles de niños y jóvenes en las calles, mientras ancla a otro sector gigantesco de jóvenes dentro de los hogares paternos, sin oportunidad de encontrar trabajo, escuela, salud u otros servicios. Lo que condena a las nuevas generaciones a carecer de espacios, oportunidades y expectativas. Aunque esta exclusión también ocurre con grupos crecientes de la tercera edad, que después de una larga vida de trabajo no disponen de nada, o apenas de magros fondos de jubilación en procesos acelerados de evaporación. A todo esto, hay que añadir la ausencia de fuentes de empleo que, de igual modo, responden a la prohibición policíaca creciente de cualquier tipo de comercio informal callejero, en favor de las cadenas transnacionales que asaltan y quiebran la pequeña y mediana industria y comercio. Lo que acompaña a la proliferación de la economía criminal, a la extorsión policíaca del comercio informal. Teniendo este proceso como telón de fondo ocurre la creación de numerosos centro habitacionales carentes de cualquier tipo de espacios colectivos (como las ayudantías municipales, las iglesias, las escuelas, los y parques y centros deportivos, los centros de reunión y convivencia, auditorios, etc.); la imposición creciente de instalaciones cada vez más riesgosas como los mega rellenos sanitarios y/o basureros a cielo abierto, los incineradores, los grandes centros comerciales, etc., procesos que terminan creando inmensas zonas urbanas cada vez más insustentables, un aumento permanente de la carga vehícular, nuevos libramientos y supercarreteras que deforestan los últimos bosques, sin importar a las empresas y autoridades los derechos ni las protestas de cada vez más afectados. En los últimos tiempos los actuales procesos de desarrollo urbano configuran un asalto sistemático de los diversos tipos de espacios vitales urbanos, económicos, sociales y políticos. Asalto que produce una descomposición general de la convivencia social y una masificación de la delincuencia, que va del robo generalizado a la tortura y los asesinatos seriales y las violaciones sexuales de cada vez más mujeres y niños, así como a una cada vez más cruenta guerra entre bandas del narcotráfico y la economía criminal. Destrucciones a las cuales se suma un deterioro galopante de la salud de los habitantes urbanos que se ven obligados a respirar un aire cada vez más nocivo, a beber una agua cada vez mas envenenada, a escuchar un ruido ambiental cada vez mas estresante, a mirar un paisaje urbano cada vez más agresivo y deprimente, a comer masivamente alimentos cada vez más degradados y perniciosos, a hacer uso de servicios urbanos cada vez más precarios, etcétera. Mientras las grandes empresas privadas constructoras de vivienda (asociadas a los grupos de poder político en turno) usan alevosamente los fondos públicos destinados a este rubro para especular y obtener ganancias obscenas, en el nuevo sexenio que se abre en 2007, la privatización de la deuda popular de la vivienda prepara la expulsión de cientos de miles de personas que no tienen la posibilidad de pagar a tiempo sus adeudos. Caos que se profundizará con la construcción de millones de nuevas viviendas en los entornos de las megaurbes de México, incluso bajo la forma de ciudades completamente nuevas, creadas oficialmente en lugares elegidos de forma arbitraria. No casualmente estallan en las “modernizadas” ciudades mexicanas cada vez más conflictos sociales ligados a la exclusión de pequeños y medianos comerciantes que ven cerrar sus centros tradicionales de venta por la imposición de malls transnacionales en pueblos y ciudades como San Salvador Atenco, Cuernavaca, Teotihuacán, Amecameca, Jojutla, etcétera. Conflictos por la modernización destructiva de los centros históricos de las ciudades coloniales como Oaxaca o Puebla; por la aparición de peligrosos corredores de injusticia ambiental en torno de los centros industriales como Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Orizaba, Apizaco, Salamanca o El Salto Jalisco; por la privatización, el emplazamiento abierto y la amenaza de instalación de mega basureros urbanos en el bordo de Xochiaca, Tlalnepantla, Tecámac y Ecatepec en el estado de México, Alpuyeca, Yecapixtla y Anenecuilco en Morelos, Tampico, Puerto Peñasco en la frontera norte o Santa Ana Xalmimilulco en Puebla; por el emplazamiento de depósitos clandestinos de sustancias químicas como en Perote u otra vez Alpuyeca. Conflictos que también han crecido por la desecación que las megaurbes y centros industriales hacen de las cuencas del río Cutzamala, el río Lerma, el Amacuzac en Morelos o el Río Prieto en Puebla, por la expropiación que los centros comerciales hacen de los lugares comunitarios y recreativos como en el Parque de los Remedios y el Cerrito de Naucalpan, la laguna de Acuitlapilco en Tlaxcala; por el robo de agua a comunidades campesinas y pequeños pueblos a favor de nuevos clubes de golf como los de Huixquilucan o por el robo de agua que hacen las industrias y megaciudades como a Ocotlán, Puebla o Xoxocotla, al sur de Cuernavaca. Robo de tierras, aguas y bosques al que también acuden las empresas urbanizadoras como ocurre en los pueblos que se encuentran entre Chalco y Nepantla, en el estado de México. A lo que se suma la apertura irregular de numerosas gasolineras en Cuautla, Cuernavaca, Jalapa, Morelia, Tuxtla, Mérida, Chalco, Ciudad Nezahualcóyotl, etcétera; la privatización consumada de los organismos operadores de agua en Aguascalientes, Saltillo, Cancún, Puebla, Acapulco, Huixquilucan, etc; o bien el nuevo intento de avanzar estas mismas privatizaciones en Guadalajara, Monterrey, Morelia, Michoacán, etc., o bien por el desmantelamiento de los sistemas independientes y autogestionados de agua como el de Tulpetlac en el Estado de México, Xoxocotla y Cuautla, en Morelos, o en pueblos de los valles centrales de Oaxaca, como San Antonino. Ante este asalto solapado por las autoridades emerge el amotinamiento o el franco estallido de grandes conflictos urbanos como los vividos en 2006 en los pueblos y ciudades como Lázaro Cárdenas, San Salvador Atenco, Alpuyeca, Cuernavaca, Cuautla, pero sobre todo en la ciudad de Oaxaca. Todos ellos son situaciones donde la población, para rebelarse contra los numerosos agravios cometidos, se ve en la necesidad de ocupar el espacio de las calles de la ciudad, como sobre todo ocurre con las 1500 a 3000 barricadas de la ciudad de Oaxaca. Todos, conflictos que se movilizan por variados motivos casi siempre políticos, laborales o ambientales, pero alimentados en el fondo por el severo malestar que acumula el dislocamiento integral, ecológico, económico, social y político de las crecientes y desordenadas ciudades mexicanas.   Necesidades de investigación colectiva   La Corona de ciudades, pueblos y municipios que rodean a la ciudad de México, es el área sobre la cual se proyecta el crecimiento salvaje de una de las metrópolis más grandes del mundo. Es el área donde converge la expulsión de la sobrepoblación de la ciudad de México con la afluencia de la mayor parte de los nuevos inmigrantes de provincia y rurales hacia el centro neural del país. Por lo mismo, esta corona de ciudades es el lugar en el cual convergen la mayor parte de los procesos de destrucción y expropiación del espacio arriba descrito, así como de su transferencia, por imitación e influencia, a otras áreas metropolitanas. De manera que es ahí donde se padece, de la peor manera, el sometimiento que esta ciudad hace de su inmensa periferia. Como la reina más cruel de todas, la ciudad de México se corona con las ciudades de Tlaxcala, Puebla, Atlixco, Cuautla, Cuernavaca, Toluca, Atlacomulco, Tulancingo y Tula. Colección de ciudades dentro de las cuales brillan las gemas horrendas de las unidades habitacionales de las casas Geo, Ara, Homex Beta, Urbi, etc., los malls, las tiendas de conveniencia Oxxo, Extra, 7eleven y Waldo’s, los rellenos sanitarios privatizados, las cadenas gasolineras fraudulentas, los clubes de golf que dan cobijo a algunos de los barrios más ostentosos de América Latina, etcétera. Por lo mismo, la proliferación de destrucciones de usos de suelo y de las condiciones ambientales y sociales, así como los múltiples estallidos sociales ocasionan que numerosos ciudadanos, organizaciones locales, así como organizaciones campesinas, urbano populares y no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos, al desarrollo urbano o a la defensa de la ecología, al momento de intentar detener algún agravio o al intentar gestionar un problema particular constantemente se vean rebasadas y desamparadas, ante la inmensidad y complejidad del proceso dislocante y destructivo que las ahoga. Dentro de este desorden y dentro de estos estallidos de resistencia y gestión comunitaria, los grandes centros de estudio superiores y los centros de investigación de las universidades del país y de la ciudad de México también brillan, pero por su ausencia. Cuando en realidad existen numerosos investigadores, profesores y estudiantes que podrían participar activamente auxiliando a las comunidades en la realización de diagnósticos científicos, así como aportando elementos para el diseño comunitario de alternativas. Diagnósticos y alternativas que los gobiernos locales y regionales, cuando respondan verdaderamente a los intereses de la población, podrán efectivamente tener en cuenta.  En el diagnostico de los problemas, su complejidad requiere de estudios interdisciplinarios complejos, que hoy por desgracia nadie parece estar dispuesto a gestionar. Estudios que bien podrían ser médicos, epidemiológicos y toxicológicos en vistas a consignar la forma en que ha prosperado el deterioro de la salud de quienes viven en los grandes núcleos urbanos, muy especialmente en los corredores de injusticia ambiental, así como a diseñar alternativas comunitarias para el tratamiento de los enfermos ocasionados por la injusticia ambiental. Para el estudio de las ciudades actuales los ciudadanos en resistencia requieren también de profesionales químicos y biólogos que puedan identificar las fuentes más peligrosas de contaminación, ecólogos que puedan explicar la sinergia de imprevisibles procesos de degradación que se acumulan en las ciudades, ocasionando la destrucción de variados ciclos naturales, o bien proponiendo alternativas para el rescate de las cuencas hidrológicas, la reducción y el manejo de la basura, etc. Los geohidrólogos pueden resultar de ayuda para identificar el estado de degradación y escasez en que se encuentran las reservas subterráneas de agua y sus impactos sobre el suelo urbano y rural. Mientras los economistas podrían ayudar a comprender las dinámicas de acumulación de capital que imponen procesos de destrucción, mientras sociólogos y antropólogos igualmente comprometidos podrían ayudar a identificar la forma en que hoy se rompen los tejidos comunitarios y, con ellos, los mecanismos de solidaridad barrial. Entre tanto, los abogados podrán identificar el alud de leyes y normas que actualmente se erosionan cancelando los derechos ciudadanos, así como las telarañas de corrupción jurídica e institucional que apuntala esta guerra en contra de la población de las ciudades, lo que también serviría para detener la oleada criminalizadora de ciudadanos en lucha y resistencia. Los estudiosos en ciencia política, por su parte, pueden ayudar a realizar la anatomía de la corrupción de funcionarios y partidos que gestionan y retroalimentan el caos. Los geógrafos, urbanistas y arquitectos, podrían colaborar en el diagnóstico de la desfiguración espacial y la actual tendencia a clonar este modelo perverso en todo el país. Lo cual es una tarea que requiere de la cooperación de un amplio grupo de investigadores dispuesto a poner sus conocimientos al servicio de los ciudadanos que hoy resisten contra esta barbarie. Además del diagnóstico, también harán falta ecologistas para auxiliar a los ciudadanos en la construcción de alternativas para la limpieza del aire de las ciudades o para el manejo de los recursos hídricos y para el manejo de la basura, sociólogos, juristas y politólogos para auxiliar en la reorganización de la seguridad de los barrios, urbanistas y arquitectos para la reorganización de la trama y el crecimiento urbanos, arquitectos, urbanistas y ecologistas para diseñar la remediación y el rescate de la vida urbana, psicólogos para proponer formas de restituir la salud emocional de los habitantes de las ciudades, etcétera. Razón por la cual son bienvenidos dentro este módulo de investigación interdisciplinaria especialistas de las más diversas disciplinas sociales, técnicas, así como de las llamadas ciencias naturales. 

Barreda, Andrés.Crisis de urbanización no sostenible en la corona de ciudades, pueblos y municipios que rodean a la ciudad de México. Asamblea nacional de afectados ambientales. Recuperado el 29 de Noviembre de 2010, de http://www.afectadosambientales.org/crisis-de-urbanizaci%C3%B3n-no-sostenible-en-la-corona-de-ciudades-pueblos-y-municipios-que-rodean-la-ciu